Las estrategias de seguridad con militares en las calles fracasaron en su objetivo principal que es debilitar a los grupos criminales y disminuir el tráfico de droga, expone informe.
Por Marco Antonio López
Ciudad Juárez, 22 de febrero (La Verdad).– A más de 16 años de aquel diciembre de 2006 en que el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, anunció el despliegue del Ejército mexicano para tareas de seguridad pública, en lo que llamó “guerra contra el narcotráfico”, las Fuerzas Armadas se han mantenido en las calles en una “estrategia sin lugar a dudas fallida que representa un fracaso a todas luces porque no solo no cumple los objetivos, sino que genera mayores índices de violencia, considera Jorge Luis Amaya Lule, coordinador del informe “La Guerra Interiorizada”, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
“El objetivo era detener la proliferación de grupos armados, cosa que no se logró”, asegura el investigador social.
Del 2006 a la fecha existen más grupos, con más poder y más organizados. Por el contrario, explica Amaya Lule, “en muchos espacios esta dinámica de guerra le dio más presencia a estos grupos y lo podemos ver con lo que sucede en Sinaloa. No se cumplió con los objetivos, sin duda es una estrategia fallida”.
De acuerdo con el informe “La Guerra Interiorizada”, la política de militarización llevó a una dinámica de convivencia civil con las fuerzas armadas a la que llaman militarismo y que llevó a su vez a una normalización de la violencia en un estado de guerra planteado desde la narrativa gubernamental.
La política de seguridad militarista implementada por las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador ha significado la promoción de ataques sistemáticos contra la población civil por parte de las Fuerzas Armadas, desde detenciones arbitrarias hasta torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos, con el supuesto objetivo de desarticular a las organizaciones criminales, se indica en el documento elaborado por expertas y expertos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos junto con la Universidad Iberoamericana.
Uno de los delitos más graves que se registran a partir de la implementación de la militarización, de acuerdo con el informe, es la desaparición, se indica la existencia de al menos 26 mil 397 denuncias que involucran a 27 mil 844 víctimas de desaparición, de las cuales 3 mil 422 (12.3 porciento) serían víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con los indicios o resultados de la investigación penal. Del total de víctimas en las denuncias penales, más de la tercera parte se encuentran en expedientes abiertos en los últimos tres años (9 mil 709 víctimas de 2019 a 2021), pero en lo que respecta a las víctimas de desaparición forzada, esta cifra sube al 57.7 por ciento.
De las denuncias recibidas en la FGR, todas por desaparición forzada, solamente 40 fueron consignadas o judicializadas, representando un 2.3 por ciento, mientras que de los expedientes abiertos en las fiscalías estatales, sólo se habrían consignado o judicializado 94 por desaparición forzada y 206 por desaparición cometida por particulares, un 1.2 por ciento del total, lo cual da cuenta de la impunidad imperante, de acuerdo con el informe. El Consejo de la Judicatura Federal 41 ha dictado 52 sentencias a nivel federal, de las cuales solo 38 han sido condenatorias, cita el informe La Guerra Interiorizada.
En el estado de Chihuahua se echó a andar el Operativo Conjunto Chihuahua en marzo de 2008, con este el Ejército tomó el control de la seguridad coordinando a los cuerpos policiacos de los tres niveles.
A partir de la entrada en vigor del Operativo Conjunto Chihuahua arribaron al estado 11 mil 840 elementos del Ejército mexicano, así como de la entonces Policía Federal, el 13 de marzo inició el operativo y ese mes los homicidios incrementaron 470 por ciento con relación al mes anterior.
El Operativo Conjunto Chihuahua estuvo a cargo del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, señalado en diversas carpetas por tortura y desaparición forzada, por ninguno de los casos fue sentenciado.
“Lo que sucedía en el estado de Chihuahua implicaba directamente al mando que era Espitia. La directiva de operaciones de Calderón y que continuó con Peña decía que estas operaciones de gran escala demandaban de una planeación antes de actuar, forzosamente lo que sucedía era responsabilidad del mando estar al tanto de eso”, dice en entrevista Jorge Amaya Lule.
“Todos estos operativos no podían detener a una persona de manera fortuita, debían tener una identificación del mando y aun así tenían que tener la aprobación de un escalafón siguiente en el mando, es decir que tenía que implicar a Espitia”, comenta.
Chihuahua es el segundo lugar de la República en número de desapariciones en las que están implicados militares con 63, solo por debajo de Nuevo León, con 65.
A pesar de esto ningún mando militar ha sido sentenciado por ningún delito en el marco de los Operativos Conjuntos por lo que los casos se mantienen impunes a pesar de la evidencia.
“La verdad es que no hay altos mandos sentenciados en ningún lado”, comenta Amaya Lule.
Además de la impunidad dentro de los mandos militares que coordinaron las estrategias de seguridad y bajo las que se realizaron actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones los operativos fracasaron en su objetivo principal que era debilitar a los grupos criminales y disminuir el tráfico de droga.
“Narrativamente siempre se nos planteó que se estaba cumpliendo con los objetivos, que se estaba deteniendo a los capos, pero la realidad es que esta política refería detenciones, aseguramientos, que no precisamente es un indicador de seguridad”.
Por lo tanto, asegura se puede hablar de la militarización como una política fracasa que no justifica la adhesión de la Guardia Nacional en este sexenio en tareas de seguridad pública, obra pública y migración, sino que implica un riesgo en la seguridad del país, de acuerdo con Lule Amaya.
“Algo que debemos de sostener es que la Guardia Nacional no es un cuerpo civil, lo debemos tener muy presente. De un tiempo para acá la política migratoria tiene varios tintes, uno que coordina la Guardia Nacional que no esta capacitada para hacerlo ya que es un cuerpo capacitado para el abatimiento y neutralización de un blanco”, dijo Amaya Lule.
Por lo que mantener a la Guardia Nacional al frente de las tareas migratorias en el país es un riesgo para la vida de los migrantes, aseguró.
